Estafas Piramidales en República Dominicana: Riesgos Legales y Cómo Protegerse
Las estafas piramidales constituyen un esquema fraudulento muy común en la actualidad, disfrazado bajo la apariencia de negocios altamente rentables. La mecánica es sencilla: se promete a los inversionistas obtener grandes beneficios a cambio de una aportación mínima de dinero o activos. Sin embargo, en la práctica, los fondos de los nuevos participantes se utilizan para pagar a los inversionistas iniciales, sin que exista una verdadera actividad económica que genere ganancias sostenibles.
A diferencia de los sistemas multinivel, donde al menos existe un producto o servicio real (aunque la rentabilidad se base más en el reclutamiento que en la venta), en las pirámides no hay producción ni valor económico genuino, lo que inevitablemente conduce al colapso del esquema y a la pérdida del dinero de la mayoría de los participantes.
Un Vacío Histórico en la Legislación Dominicana
Durante décadas, el Código Penal dominicano, con más de 100 años de vigencia, no contemplaba de manera expresa la figura de la estafa piramidal. Estas prácticas eran perseguidas bajo los tipos penales de estafa o abuso de confianza, que preveían sanciones limitadas, usualmente no superiores a dos años de prisión. Esto generaba un marco de impunidad en el que las consecuencias jurídicas resultaban mínimas en comparación con los daños económicos y sociales ocasionados.
El Nuevo Marco Legal: Ley 74-25
Con la promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25), se introdujo un tratamiento específico a las estafas piramidales en los artículos 240 al 242. La norma las define como una forma de estafa disfrazada de esquema de negocio, cuyo verdadero objetivo es el reclutamiento de personas para la captación de dinero o activos digitales (criptomonedas, tokens, NFT u otros documentos digitales con valor financiero), bajo la promesa engañosa de retornos futuros.
En este sentido, el legislador aclara que se considerarán estafas piramidales todos aquellos sistemas en los que no exista un negocio real de bienes, servicios o inversiones legítimas, debidamente autorizadas y verificables conforme a los estándares económicos del momento.
Sanciones Previstas
El nuevo Código Penal establece sanciones más severas y proporcionales a la gravedad del delito:
- Pena básica: prisión mayor de 5 a 10 años y multa de 1 a 20 veces el monto involucrado en la infracción.
- Pena agravada: prisión mayor de 10 a 20 años y multa de 1 a 20 veces el monto involucrado en la infracción, en los siguientes casos:
- Cuando el autor sea funcionario público o alegue falsamente tener autoridad.
- Si se emplean medios de comunicación tradicionales o digitales (prensa, televisión, redes sociales, etc.) para promover o difundir el esquema.
- Cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad por su edad, sexo, embarazo u otra condición especial.
Recomendaciones para Evitar Caer en estas Estafas
Desde Alburquerque Abogados recomendamos a los ciudadanos y a nuestros clientes tomar precauciones preventivas para identificar y evitar posibles fraudes:
- Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas y desproporcionadas. Los negocios legítimos implican riesgos y retornos razonables.
- Verifique la existencia de un producto o servicio real. Si el ingreso depende casi exclusivamente de reclutar nuevos miembros, es una alerta roja.
- Confirme la legalidad de la empresa. Revise si está registrada ante las autoridades competentes y cuenta con las autorizaciones necesarias.
- Investigue los antecedentes. Busque información sobre los promotores y consulte si existen denuncias o advertencias oficiales.
- Evite invertir en esquemas basados exclusivamente en activos digitales cuya rentabilidad no esté respaldada por operaciones legítimas.
- Asesórese con profesionales legales y financieros antes de comprometer su dinero en proyectos que no cuenten con soporte claro.
Las estafas piramidales representan un peligro latente para los inversionistas y para la estabilidad económica en general. El endurecimiento de las sanciones en el nuevo Código Penal dominicano constituye un paso importante hacia la protección de los ciudadanos. Sin embargo, la primera línea de defensa siempre será la prevención y la debida diligencia de quienes decidan invertir.
En Alburquerque Abogados ponemos a disposición nuestra experiencia legal para orientar y acompañar a nuestros clientes en la evaluación de inversiones seguras y en la defensa de sus derechos frente a posibles fraudes.